La UIGEA, ley anti-juego que tanto da que hablar en los Estados Unidos, sigue aplastando todo aquello que se encuentra a su paso, y se puede dar fe que las autoridades norteamericanas se están esmerando en hacer cumplir la ley. Las consecuencias pueden ser devastadoras.
La nueva víctima de esta ley es una empresa canadiense de procesamiento de transacciones económicas, Optimal.
Esta empresa ha aceptado pagar $19.2 millones por procesar pagos de sitios web de juego ilegales entre 2004 y 2006. Al parecer, Optimal admitió que las empresas cuyos pagos tramitaba rompían las leyes estadounidenses. Se estima que el monto total de las transacciones llevadas a cabo rondaba los 2 mil millones, cifra nada despreciable.
Lo que nos lleva a la cuestión capital: si todo ese dinero provenía de jugadores de EEUU, ¿cómo es posible que los políticos sigan dando la espalda a una posible regulación? Está claro que los jugadores, sabiéndolo o no, apostaban ilegalmente, aunque sigan siendo las víctimas de todo el asunto. Desde luego, tarde o temprano se tendrán que dar cuenta que no pueden seguir esquivando el tema, y la solución, tarde o temprano, llegará.
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